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La aplicación de impuestos a tres nutrientes críticos (azúcar, grasas y sodio) aumentará el precio de los alimentos envasados que hoy son buena parte de la dieta de los chilenos.

Cristóbal Cuadrado, profesor de la Escuela de Salud Pública de la U. de Chile y uno de los investigadores del estudio Evaluación y Aplicación de Impuestos a los Alimentos con Nutrientes Dañinos para la Salud en Chile, que encargó la Comisión de Salud y Hacienda de la Cámara de Diputados, señala que la recomendación del panel fue que deberían incorporarse los tres impuestos simultáneamente para evitar que existan efectos de sustitución.

Así, cada gramo de azúcar que contenga un alimento se multiplica por $ 1,9; de grasa por $ 31, y cada gramo de sodio por $ 23. A ese total se aplica el IVA y ese será el precio final.

En 2010, la Encuesta de Consumo de Alimentos (Enca) reveló que en Chile el consumo de nutrientes críticos, dañinos para la salud, es alto. Al comparar las recomendaciones de la OMS y los resultados de la Enca, los chilenos diariamente consumen un 58,7% más de azúcar, 42,6% más de grasa total, 21,7% más de grasa saturada y 61,2% más de sodio de lo que se debe.

Según los cálculos que realizaron sobre siete productos consumidos por la población, las vienesas o salchichas serían uno de los que más aumentaría de precio. ¿La razón? Poseen altos niveles de sodio y grasas (810 mg y 12,1 g, respectivamente), dos nutrientes a los que se propone implementar el impuesto. Así, si hoy un kilo de este embutido cuesta aproximadamente $ 2.500, tras la aplicación de los impuestos costaría $ 10.062. La mayonesa, producto alto en sodio, pero sobre todo en grasa, pasaría de $ 1.800 (envase de 800 gramos) a $ 3.947 pesos.

“El ejercicio que hicimos en el estudio sigue la siguiente lógica: ¿De qué tamaño debería ser la tasa de un impuesto para corregir las externalidades del consumo excesivo de sodio, azúcares libres y grasas saturadas en la población chilena?”, explica Cuadrado. Así, la tasa calculada para cada nutriente crítico apunta a reducir el exceso de consumo que tiene la población chilena.

El investigador reconoce que frente a la implementación de un gravamen como este, tanto los consumidores como las empresas pueden responder de varias formas y, por lo mismo, pueden pasar varias situaciones. “En un extremo, podría ocurrir que nadie modifica su consumo, cuestión que toda la evidencia dice que es falso, ya que los consumidores son sensibles a modificaciones de precios de alimentos”, dice. Si esto fuera así y las personas siguieran consumiendo de la misma manera, la recaudación fiscal se incrementaría en forma importante y de esa manera se compensaría todo el gasto que generan estos nutrientes en la salud de la población. Por el contrario, si toda la población modifica su consumo, “la recaudación fiscal no cambiaría, pero tendríamos a una población mucho más saludables y no existiría externalidad del consumo de este tipo de alimentos nocivos”. Según Cuadrado, la situación real estará entre los dos extremos.

Además, advierte el profesor de la U. de Chile, se debe considerar la reacción que pueda tener la industria de alimentos. “La evidencia nacional e internacional muestra que la industria de alimentos responde modificando sus procesos productivos y las características de los alimentos que ofrecen en el mercado. En ese caso, el impuesto sirve como una señal e incentivo a la industria para reformular. Mientras más se reformule, menor carga impositiva tendrían sus productos”, manifiesta.

Grasas, azúcar y sodio son dañinos para la población y están relacionados con la obesidad, la hipertensión, la diabetes, enfermedades cardio y cerebrovasculares, entre varias otras más.

Por lo tanto, la recomendación del panel fue que deberían incorporarse los tres impuestos simultáneamente para evitar que existan efectos de sustitución en que se reemplacen alimentos altos en azúcares libres por otros altos en sodio, por ejemplo. Sin embargo, en caso de que se optara por una implementación gradual, “el acuerdo fue comenzar por el sodio, luego con los azúcares libres, y en tercer lugar las grasas saturadas”, señala Cuadrado.

Evidencia muestra que se modifica el consumo

Países europeos son los que más experiencia tienen en este tipo de impuestos. Dinamarca, por ejemplo tiene desde 1946 un impuesto especial a los helados por los altos niveles de azúcar que tienen, y en 1968 agregó uno para los dulces y chocolates. Otros, como Francia y Finlandia, tienen gravámenes al azúcar, mientras que Hungría implementó un “impuesto de salud pública” a la sal, azúcar y cafeína de productos envasados.

 “La evidencia internacional es consistente en mostrar que las personas modifican su consumo en relación al precio. Así mismo, los países que han implementado este tipo de impuestos a los alimentos como México, Hungría o Dinamarca han mostrado cambios importantes en el consumo de la población”, advierte Cristóbal Cuadrado, investigador dela U. de Chile.

Fuente: http://www.latercera.com (26-03-18)